2.º Pedir al organismo o entidad pública que corresponda la información agregada que considere precisa, en particular sobre el estado de cumplimiento por la sociedad de sus obligaciones en el área de competencia de dicho organismo o entidad. A estos efectos, el Registrador estará autorizado para conseguir, en tiempo útil, esa información de las autoridades del ámbito tributario, económico, social o penal. Los administradores de la sociedad escindida tienen la obligación de informar a su junta general sobre cualquier modificación esencial del patrimonio acontecida entre la fecha de elaboración del emprendimiento de escisión y la fecha de reunión de la junta. Exactamente la misma información deberán proporcionar, en las situaciones de escisión por absorción, los gestores de las sociedades adjudicatarias y estos a los gestores de la sociedad escindida, para que, a su vez, notifiquen a su junta general. En el momento en que la sociedad absorbida fuese titular de forma indirecta de todas y cada una de las acciones o participaciones sociales en que se divide el capital de la sociedad absorbente o en el momento en que las sociedades absorbida y absorbente estén participadas indirectamente por el mismo socio, va a ser siempre y en todo momento necesario el informe de expertos y será exigible, en su caso, el incremento de capital de la sociedad absorbente.
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En efecto, las colaboraciones brindadas por estas entidades resultan formas en especial poco comúnes por el contexto único que ha supuesto la ejecución de un plan complejo y extenso, Roupa bolofofos menino tal como vinculante, como es el Plan de Restauración, Transformación y Resiliencia. Al lado de ello, debe evitarse de forma imperiosa que las entidades implicadas desistan de participar en proyectos cuya falta de desarrollo dañaría el lograr el cumplimiento del reformas y también inversiones del Plan, con las que corresponden secuelas. Por ende, el fallo obliga de forma urgente a modificar la norma nacional por la necesidad de aportar seguridad jurídica a un mercado marcado por la inestabilidad en cuanto a las reglas actuales, que tensiona enormemente a las Administraciones y empresas implicadas, debido al peligro de que aumente el número de autorizaciones de esta actividad, logrando perjudicar a la eficiencia de las políticas autonómicas y locales de movilidad sostenible. Este real decreto lleva a cabo el marco legal de la recogida y el análisis de la información epidemiológica de las anomalías de la salud transmisibles con la intención de poder advertir inconvenientes que puedan sospechar un peligro para la salud, difundir la información a las autoridades eficientes y hacer más simple la app de medidas para su control. En su producto 6, se establecen las competencias del Ministerio de Sanidad, entre aquéllas que se encuentra la coordinación de las acciones y también intercambios de información tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales. En su producto 9, por otro lado, detalla que en el anexo I se relacionan las anomalías de la salud objeto de declaración obligatoria y, en su artículo 13, establece los diferentes conjuntos y formas de declaración. El título II, dedicado a la ampliación de medidas de apoyo en temas de transportes, se estructura en tres episodios.
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A menos que las bases reguladoras prevean otro período o momento de acreditación, ésta se efectuará en el período de diez días hábiles desde la notificación de la propuesta de resolución provisional a los apasionados para los que se propone la concesión de la subvención. D) En todo caso, la autorización de acredites se basará en una evaluación de la viabilidad económico-financiera de la operación y del riesgo. C) El importe avalado va a ser, como máximo, el 80 por ciento del precio total del buque o de las transformaciones financiadas. Serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud. También, será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud. Si el siniestro sobreviene antes que el asegurador haga la declaración a la que se refiere el parágrafo previo, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse popular la verdadera entidad del riesgo.
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El título III transporta por título «Medidas de impulso de la actividad y cuidado de la seguridad económica y popular», y comienza, con el objetivo de atender a la realidad popular y económica de los hogares en la actual activa inflacionista, con la extensión hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas y hogares económicamente vulnerables sin opción alternativa ocupacional. En la actual situación derivada de la persistencia del enfrentamiento en Ucrania, es necesario seguir incentivando el papel del transporte público colectivo para enfrentar el escenario de hoy en el que hay todavía un prominente nivel de costos de la energía con en comparación con ámbito previo a la crisis, que perjudica muy en especial a la movilidad cotidiana de los ciudadanos, fomentando el cambio a un medio de transporte mucho más seguro, confiable, cómodo, económico y sostenible que el vehículo particular. Para finalizar, se explicita la oportunidad de que los entes locales, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, tienen herramientas de actuación para ordenar la prestación de servicios de transporte de pasajeros en automóviles de turismo, lo que incluye los servicios de arrendamiento con conductor. Por otro lado, se establecen nuevos requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de automóviles de turismo con conductor con objeto de asegurar la protección de la optimización de la calidad del aire y reducción de emisiones de CO2, y dando permiso que las comunidades autónomas confirmen otros con la intención de realizar frente a la buena administración del transporte, del tráfico y del espacio público en su ámbito territorial.
La petición va a deber integrar, en cualquier caso, el deber de implantación desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2023 de una reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje de, cuando menos, el 50 % en los términos del artículo 161, y de financiar a cargo de sus presupuestos la cuantía que resulte que se requiere para compensar a las entidades y operadores de transporte por la aplicación del descuento y los costos a que se refiere el producto 165. B) De tres meses en la segunda etapa, según lo pensado en el producto 58, a contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Rivalidad acuerda la apertura de la segunda fase. Finalizado el cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. Entre las medidas adoptadas, cabe indicar la bajada de los impuestos en el campo eléctrico, una bonificación al precio de los carburantes, y un escudo social para apoyar singularmente a los colectivos mucho más vulnerables, además de importantes ayudas a los sectores productivos más afectados por el alza de los costos de le energía, como el transporte, la agricultura y ganadería, la pesca, y las industrias electro y gas intensivas. El nivel mínimo de sobregarantía podrá ser mayor a dicho nivel sosprechado para cada género de bono garantizado, cuando la entidad se comprometa a sostenerlo en sus términos y condiciones contractuales, quedando obligada la entidad a sostener activos de cobertura en el conjunto de cobertura correspondiente que cubran el nivel de sobregarantía acordada mientras no queden amortizados totalmente los que corresponden bonos asegurados. Por una parte, la exigencia de que los administradores notifiquen sobre las implicaciones para los acreedores de la operación iniciativa y hagan constar en el emprendimiento «toda garantía» que, en las situaciones apropiados, se ofrezca a los acreedores; propaganda que, por su parte, es instrumental respecto del derecho que se les reconoce a enseñar «visualizaciones» con antelación a la junta general, exponiendo, en su caso, su disconformidad con las garantías que la operación les proporciona.
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F) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de modelos naturales según el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo. B) Los costos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador o dueño, por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el instante en el que la misma se levante por el Tribunal o por lograr el límite temporal del 31 de diciembre de 2023. A) El valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que esté el inmueble, determinado desde los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento. Si dicho valor fuera mayor a la renta que viniera percibiendo el arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de sentir. D) En el momento en que existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas. A) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física, si en tal inmueble tiene su hogar habitual o segunda vivienda correctamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea propietario.
D) La solidez financiera del prestador de servicios de hospedaje de datos. A) Los prestadores de servicios de pura transmisión o almacenaje temporal, así como los servicios proporcionados en otros niveles de la infraestructura de internet, que no conlleven almacenamiento, como los registros y los registradores, los distribuidores de sistemas de nombres de dominio DNS (domain name system), los servicios de pago o los servicios de protección contra ataques de denegación de servicio distribuido DDoS (distributed denial of service). Este permiso, que va a tener una duración no mayor a ocho semanas, continuas o intermitentes, va a poder disfrutarse a tiempo terminado, o en régimen de jornada a tiempo parcial conforme a lo predeterminado reglamentariamente. En el ejercicio de este derecho se tendrá en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, también, eludir la perpetuación de permisos y estereotipos de género». En los supuestos de nulidad, separación, divorcio, extinción de la pareja de hecho o en el momento en que se acredite ser víctima de violencia de género, el derecho a la reducción de jornada se reconocerá a favor del progenitor, guardador o agradable con quien conviva la persona enferma, siempre y cuando cumpla el resto de los requisitos exigidos. La persona trabajadora tendrá derecho a regresar a la situación anterior a la adaptación una vez concluido el período acordado o sosprechado o en el momento en que decaigan las causas que motivaron la solicitud. 2.º La transmisión entre autoridades o registros del certificado previo se regirá por la legislación general, ajustándose a las prácticas de cooperación registral en todo el mundo entre los Estados.
La producción asegurada en 2023 de los labradores de cultivos de invierno en La Rioja estaba prácticamente en el 70% y "este año vemos que se van a sobrepasar esas cifras", añade Cano. La sociedad comunicará a sus trabajadores o sus representantes si opta por utilizar las disposiciones subsidiarias, o si entabla negociaciones en el marco del órgano especial de negociación. Además, van a ser de aplicación a las sociedades competidores en procesos de modificaciones estructurales transfronterizas intraeuropeas y a las sociedades resultantes de dichos procesos las disposiciones contenidas en el título III, respecto de los métodos judiciales, en los términos establecidos en dicho título. Cuando la sociedad absorbente fuese titular de manera indirecta de todas las acciones o participaciones sociales en que se divide el capital de la sociedad absorbida, además de tener en cuenta lo preparado en el apartado previo, va a ser siempre necesario el informe de especialistas y va a ser exigible, en su caso, el incremento de capital de la sociedad absorbente. Alternativamente, podrá practicar dicha deducción cuando se abone en exactamente el mismo período una cantidad a cuenta para la para la futura adquisición del vehículo que represente, cuando menos, el 25 por ciento del valor de adquisición del mismo, debiendo abonarse el resto y adquirirse el vehículo antes de que finalice el segundo periodo impositivo inmediato posterior a aquel en el que se causó el pago de tal cantidad.
Las mutuas cooperadoras y el Instituto Social de la Marina darán a la Tesorería General de la Seguridad Social la información precisa, a través de los métodos que constituya esta última, para la aplicación de lo predeterminado en este apartado, tanto en el instante del reconocimiento provisional de la prestación como en la revisión posterior, de conformidad con lo predeterminado en el párrafo 9. Estas posibilidades por cese de actividad podrán empezar a devengarse con efectos de 1 de julio de 2023 y van a tener una duración máxima de seis meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma. De lo contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la petición. La duración de estas posibilidades no va a poder exceder del 31 de diciembre de 2023. A) Las situaciones que se relacionan con si la entrada o permanencia en el inmueble está alentada por una situación de extrema necesidad. Al efecto de analizar el estado de necesidad se valorará apropiadamente el informe de los servicios sociales emitido conforme al apartado siguiente.
Es necesario y increíblemente urgente modificar la mencionada disposición agregada para ofrecer soporte a las compañías a través de una serie de fórmulas de financiación y articular todos los instrumentos necesarios para poder competir a nivel europeo e en todo el mundo. De no realizarse esta modificación, las operaciones ahora en marcha corren el peligro de no poderse realizar por la inexistencia de los mecanismos financieros necesarios y de los fondos disponibles para acometer estas inversiones. Este grupo normativo tiene un enorme encontronazo sobre la flota de españa, a la que ordena a acometer con urgencia una esencial renovación si no se desea incurrir en los costos asociados al incumplimiento de los compromisos medioambientales que van a ser exigibles ya desde el año 2024, de conformidad con los requisitos de la Directiva de derechos de emisión y de 2025, conformemente con las demandas del Reglamento Fuel EU Marítimo. Pero, al tiempo, tanto la flota de españa como los astilleros se van a ver sometidos a una presión que puede hacer que pierda peso internacional; algo que un país que cuyas exportaciones salen por vía marítima en más de un 65 por ciento y al que llegan por idéntica vía los modelos importados en un % del 90 por ciento puede tener consecuencias muy negativas. Por otro lado, debe asimismo aprobarse sin demora la regulación presupuestaria relativa al mecanismo de reserva de crisis con ocasión de la sequía, por cuanto se hace necesario tener un sistema que deje una inmediata y eficiente absorción de los fondos que, en su caso, apruebe la Comisión Europea -fondos por lo demás esenciales para que se pueda realizar en frente de la grave situación de hoy del campo primario- en la medida en que su libramiento va condicionado a su empleo antes de finalizar el año.
